Vox, por primera vez en su historia, recurrió a préstamos bancarios para financiar sus campañas electorales de 2023, acumulando una deuda de más de 9 millones de euros. Sin embargo, el partido liderado por Santiago Abascal ha incumplido la ley de financiación de partidos políticos al no revelar qué banco le concedió este crédito, a pesar de que la normativa exige publicar la entidad prestamista y los detalles del préstamo.
Vox argumenta que no quiere "contribuir a la demonización" de los bancos que le apoyan, aunque las cuentas del partido indican que esperaba recibir casi 13 millones de euros en reembolsos de gastos electorales. La formación ya ha devuelto una parte del préstamo, pero sigue sin hacer pública la identidad del banco que le concedió el crédito.