La tranquilidad del PAU de Carabanchel Alto se vio gravemente alterada el pasado 23 de diciembre cuando estalló un enfrentamiento violento entre okupas y empleados de una empresa de desokupación contratada por los propietarios de un bloque de viviendas recientemente invadido. El conflicto, que ocurrió en la calle Excelente número 6, ha puesto en el foco la problemática de las okupaciones masivas y las redes delictivas que las organizan.
Una okupación organizada desde las sombras
Según las primeras investigaciones policiales, detrás de la macrookupación estaría una mafia que habría vendido las viviendas de forma ilegal. Las propiedades, deshabitadas en ese momento, fueron ofrecidas a familias de origen peruano por sumas que oscilaban entre los 2.000 y 3.000 euros. Las transacciones habrían tenido lugar en las inmediaciones de un comedor social del barrio, atrayendo a decenas de familias necesitadas que llegaron al edificio con furgonetas de mudanza durante el puente de la Inmaculada.
Tensión vecinal y enfrentamientos violentos
El conflicto escaló rápidamente cuando la empresa de desokupación intentó recuperar el edificio. Al llegar, sus empleados fueron increpados y agredidos por algunos de los okupas en uno de los accesos al bloque. La situación, registrada en video y viralizada en redes sociales, muestra momentos de gran tensión. Aunque se han interpuesto denuncias, hasta ahora no se han producido detenciones.
Los vecinos legales de la urbanización, que pagan alquileres de entre 800 y 1.500 euros, han expresado su indignación ante la convivencia forzada con los nuevos ocupantes. Según relatan, los okupas han impuesto su propio sistema de acceso al edificio, contando incluso con un "conserje" que abre la puerta desde dentro. Además, denuncian constantes ruidos nocturnos, peleas e incluso la presencia de pandilleros, lo que ha generado un clima de inseguridad.
Un caso que pone de relieve un problema nacional
Este episodio no solo refleja la tensión local en Carabanchel, sino que subraya la creciente problemática de las okupaciones y las mafias organizadas en España. Mientras la Policía Nacional sigue investigando, los propietarios y vecinos afectados esperan una solución que restablezca el orden en la urbanización.
