En medio de la controversia generada por la gestión de la Comunidad de Madrid durante la primera ola de la pandemia de COVID-19, la presidenta Isabel Díaz Ayuso ha vuelto a justificar la polémica decisión de no trasladar a mayores de residencias a hospitales. Argumentando que el traslado no garantizaba la supervivencia, Ayuso ha reavivado el debate sobre las muertes ocurridas en ese periodo, especialmente después de la negativa del Gobierno regional a publicar las actas de inspecciones a las residencias.
La líder madrileña ha calificado el renovado debate como un intento de la izquierda de "darle la vuelta" a las decisiones judiciales que eximen de responsabilidad penal a la Comunidad de Madrid en su actuación durante los momentos más críticos de la pandemia. Ayuso ha defendido su postura, alegando que los traslados de enfermos eran decididos por profesionales de la salud, médicos y pediatras, y no por políticos, a pesar de las críticas a los denominados 'protocolos de la vergüenza' relacionados con dichos traslados.
En un tono desafiante, la presidenta ha destacado el respaldo electoral recibido por la población madrileña, sugiriendo que la oposición no puede aceptar la realidad de que los madrileños les hayan otorgado tres veces más escaños. Este episodio continúa generando tensiones políticas en torno a la gestión de la crisis sanitaria y pone de manifiesto las diferencias de opinión respecto a las medidas adoptadas durante la primera ola del COVID-19 en la Comunidad de Madrid.
